El papel de las empresas privadas en el posconflicto

La reintegración efectiva de los excombatientes se logrará si estos tienen la posibilidad de hacer parte de la cadena productiva del sector privado. Aunque muchas empresas ya se han comprometido a contribuir en este proceso, todavía falta mucho por hacer.*

La reintegración: un reto

De los cerca de 58.000 combatientes que se han desmovilizado entre 2013 y 2015, según las cifras de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), el 86 por ciento está  entre los 26 y los 50 años. Integrar a esta población a la sociedad plantea un reto enorme para el país.

La misión de la ACR es facilitar el retorno de la población desmovilizada a la legalidad de una manera sostenible, como un insumo importante para consolidar la paz, la seguridad y la convivencia ciudadanas. Con este propósito se estableció una ruta de reintegración de los desmovilizados que consta de tres etapas:

1. La básica o de reintegración a la vida civil en su entorno cercano (familia, amigos, instituciones y actores sociales). Durante esta etapa se brindan atención sicosocial, vinculación al sistema de salud y educación, y apoyo jurídico. El programa ha logrado que el 90 por ciento de los excombatientes atendidos lograra mejorar su calidad de vida. Además, 14.000 desmovilizados ya validaron el bachillerato y 2.724 han accedido a la educación superior.

2. Intermedia o de reintegración comunitaria y económica mediante el trabajo en redes de la comunidad. Además de continuar con la atención sicosocial y el acceso a la educación, durante esta etapa se brinda formación para el trabajo y acceso a recursos económicos para el sostenimiento de las personas desmovilizadas. En contraprestación, el individuo en proceso de reintegración presta un servicio social para la reparación a las víctimas.

Hoy en día, el 73 por ciento de las personas que ingresaron al proceso se encuentran ocupadas. En esta tarea, el sector privado ha sido un actor muy importante, pues es el principal proveedor de empleo para los desmovilizados. Hasta este momento.

3. Avanzada o de sostenibilidad en la legalidad. Durante esta etapa el individuo trabaja con las víctimas y consolida su nuevo modelo de vida a través de procesos de generación de ingresos (empleabilidad o emprendimiento).

Es cierto que el sector privado y productivo del país ha sido víctima de incontables acciones violentas: secuestros de empresarios y de sus familias, cobro de vacunas, activos destruidos por acciones subversivas o propiedades averiadas durante los combates. También muchas empresas agrícolas y agroindustriales han sido despojadas de sus tierras u obligadas a migrar a otras regiones.

Pese a eso el sector privado se ha comprometido con la construcción de paz, específicamente vinculando sus estrategias de responsabilidad social empresarial a la solución de los problemas políticos, económicos y culturales que han causado el conflicto.

Sobre este tema es pertinente citar un documento de Gonzalo Vargas sobre la responsabilidad social empresarial en la construcción de paz.  Este autor identifica cuatro tipos de violencia: la física, la estructura económica, la estructura política y la cultural.

1. La violencia física se refiere al abuso al que se somete a la población civil, en especial a aquellos que viven en zonas de alta conflictividad. Allí se vulneran frecuentemente los derechos a la seguridad, a un ambiente sano y a la vida.

2. La violencia estructural económica se refiere a fenómenos como la explotación, la desigualdad, la miseria, la marginalización y la manera inequitativa como se toman las decisiones en la sociedad.

3. La violencia estructural política se manifiesta como negación de los derechos básicos de la población o como abuso de poder. Aquí aparecen los sobornos, el tráfico de influencias y el favorecimiento de intereses particulares, entre otros fenómenos que llevan a la pérdida de autonomía de las comunidades.

4. La violencia cultural se refiere a las prácticas que pueden causar agresiones, inseguridad y conflictos armados. Estas prácticas incluyen los odios y prejuicios étnicos, nacionalistas, religiosos o lingüísticos.

Frente a estas violencias, las empresas tienen distintos tipos de responsabilidades. Por ejemplo, frente a la violencia física deben comprometerse a respetar y hacer respetar los derechos humanos de los grupos de interés con los cuales se relacionan, como lo recomiendan las guía internacionales especializadas en el tema: el Pacto Global, la ISO 26.000 (o Guía de Responsabilidad Social) y la Iniciativa de Reporte Global, entre otras.

650 empresas se han comprometido a apoyar el proceso de reintegración de los desmovilizados.

En cuanto a las violencias económicas, la responsabilidad social de la empresa deberá centrarse en fortalecer las capacidades comunitarias para logar su desarrollo sostenible. La empresa privada puede contribuir a este propósito:

· Creando oportunidades económicas para excombatientes,

· Desarrollando negocios inclusivos para favorecer a las comunidades vulnerables que han sido víctimas del conflicto,

· Favoreciendo programas de comercio justo que permitan el avance de procesos asociativos para que los pequeños productores entren en igualdad de condiciones al mercado,

· Apoyando la puesta en marcha de empresas creadas por las víctimas o victimarios del conflicto.

Los mecanismos de respuesta de las empresas para frenar la violencia política están claramente delimitados por la guía de responsabilidad social ISO 26.000, que recomienda:

· Participación política responsable- las organizaciones pueden apoyar algunos procesos políticos y promover el desarrollo de políticas que beneficien a la sociedad, sin financiar específicamente ninguna ideología política-.

· Programas anticorrupción- evitar a toda costa los sobornos, conflictos de intereses, fraude, bloqueo, blanqueo de dinero, desfalco y ocultación, entre otras formas de corrupción-

Las empresas deben promover procesos incluyentes.

Para ayudar a paliar la violencia cultural, las empresas deben promover procesos incluyentes, fomentar la diversidad y respetar los derechos culturales de sus grupos de interés.

La ACR ha fomentado el compromiso del sector privado con una serie de acciones entre las que se cuentan:

· Voluntariado. Consiste en la donación de tiempo, conocimiento y experiencias en proyectos llevados a cabo por la ACR. Este servicio puede llevarse a cabo en una empresa (voluntariado corporativo), en la academia o como persona natural.

· Encadenamiento productivo de negocios de personas en proceso de reintegración con la cadena de valor de las empresas. Esto contribuye a fortalecer esos negocios y a desarrollar habilidades y competencias que permiten la mejoría económica de la población. Desde el punto de vista de las empresas es además una oportunidad para subcontratar o “tercerizar” procesos y para desarrollar nuevas líneas productivas.

· Práctica laboral / formación a la medida. Consiste en brindar a las personas en proceso de reintegración la posibilidad de adquirir habilidades y experiencias en el ámbito laboral. De esta manera, las empresas permiten que los desmovilizados completen su proceso de formación para el trabajo, al mismo tiempo que acceden a una mano de obra calificada, capacitada y monitoreada que luego pueden vincular de manera permanente.

· Empleabilidad. Los empresarios pueden vincular laboralmente a personas que se encuentran en proceso de reintegración o que lo hayan culminado exitosamente.

· Espacios de reconciliación. Las personas adquieren el compromiso de participar en procesos y espacios para reconciliarse e integrarse activamente a las comunidades receptoras.

· Intercambio de conocimiento. Este mecanismo consiste en establecer vínculos con países, organizaciones internacionales, universidades, medios de comunicación y centros de pensamiento con el fin de compartir las lecciones aprendidas en temas como desarme, desmovilización, reintegración y construcción de paz.

Compromisos para la paz

Se necesita que los actores externos conozcan y se acerquen al proceso de reintegración a través de alianzas para que quienes dejaron las armas encuentren las condiciones para vivir dignamente y se sumen a la construcción del tejido social de país.

650 empresas en Colombia ya tienen programas específicamente orientados a la reintegración y la paz, con planes de empleo, capacitación, financiación de proyectos y proveeduría, entre otras iniciativas. Igualmente, 13 universidades y más de 200 estudiantes universitarios de Colombia se han vinculado al proceso de reintegración.

Por último, otra de las opciones utilizadas por las empresas para contribuir a la paz es la donación de tiempo de sus altos directivos para asesorar procesos de gestión, comercialización y estrategia de las pequeñas empresas de desmovilizados.

Las opiniones expresadas son responsabilidad del autor.

*Dayani Rojas Forero, Administrador de Negocios Internacionales y magister en Administración de Empresas de la Universidad Externado de Colombia, coordinador de responsabilidad social integral de la Universidad de Ibagué.

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